SANTIAGO – El asesinato de tres agentes de la policía militar en el sur de Chile ha conmocionado al país y la contención de la violencia se ha convertido en la prioridad número uno.
El Congreso se ha dedicado esta semana exclusivamente a discutir políticas para fortalecer la seguridad, con una agenda centrada en proyectos de ley sobre inteligencia y antiterrorismo así como la discusión de nuevas reglas para el uso de la fuerza por parte del ejército y las fuerzas de seguridad.
Recommended Videos
Estas son las claves de la crisis de inseguridad que vive el país:
EL CRIMEN Y LOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Los cuerpos de los tres carabineros fueron encontrados el sábado calcinados en el interior de un vehículo que realizaba patrullajes de rutina en la sureña ciudad de Cañete. Los uniformados murieron por impactos de bala tras una emboscada.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, afirmó que “hay pistas y líneas investigativas” sobre el atentado, mientras que el fiscal general Ángel Valencia anunció la creación de un equipo para averiguar las circunstancias del crimen.
Hasta el momento nadie ha reivindicado el atentado ni las autoridades han apuntado a posibles responsables. Los investigadores no descartan, sin embargo, que el ataque haya sido perpetrado por bandas del crimen organizado, que se expande con fuerza por todo el país, o grupos radicales mapuches en represalia a la reciente condena de un líder indígena. Lo que sí se sabe es que el crimen fue premeditado y contó con múltiples perpetradores.
SUR DE CHILE, ESCENARIO DE CONFLICTOS HISTÓRICOS
La emboscada tuvo lugar en la llamada Macrozona Sur de Chile, una región en estado de excepción desde 2022. Sus habitantes se han visto afectados por el enfrentamiento entre los mapuches, grupos de latifundistas y traficantes de madera que han resultado en atentados incendiarios contra iglesias y viviendas, ataques armados contra conductores y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y carabineros. La entrada del crimen organizado en la región, la más pobre del país, ha intensificado aún más los conflictos y produjo una sofisticación delictiva.
Si bien los episodios de violencia son habituales, nunca antes se habían registrado crímenes con las características del perpetrado contra los carabineros, donde “al parecer habría una planificación para enfrentarse contra miembros de la fuerza y matarlos, no necesariamente en una situación de un conflicto específico”, indicó la politóloga Lucía Dammert.
Tanto las autoridades chilenas como expertos consultados por The Associated Press coincidieron en que el asesinato de los tres uniformados representa un hecho inédito y con una brutalidad sin precedentes. El presidente Gabriel Boric afirmó que el homicidio tiene “connotaciones terroristas”, mientras que la ministra Tohá reconoció la “violencia y barbarie” del caso.
Para Dammert, el asesinato supone un punto de inflexión en la crisis de inseguridad en el país y urge que se retome el debate político sobre proyectos de leyes de seguridad.
“Esta situación generó un punto de inflexión, no sobre la gravedad del fenómeno únicamente, sino también sobre la voluntad política de avanzar en varias áreas que estaban bastante postergadas”, explicó.
QUÉ SE DEBATE EN EL CONGRESO
El Congreso ha paralizado su agenda para debatir exclusivamente sendos proyectos de seguridad pública, entre ellos la ley de inteligencia, que buscar modernizar la obsoleta normativa actual y prevé expandir el Sistema Nacional de Inteligencia, y una nueva ley Antiterrorista aprobada en tiempo récord por el Senado que ahora será debatida por los diputados. Entre otros puntos la ley habilita el uso de “técnicas especiales de investigación” en el combate al crimen organizado, sanciona el delito terrorista individual y castiga a quienes recluten menores de edad para asociaciones terroristas.
Además, el viernes la cámara baja discutía con urgencia, en una sesión especial, las Reglas de Uso de la Fuerza —conocidas como RUF— que establecen normas sobre el uso de la fuerza para la policía y las Fuerzas Armadas. También la creación de un Ministerio de Seguridad independiente del de Interior y con mayor autonomía y atribuciones con el objetivo de mejorar el control institucional de la policía.
Pese al consenso sobre la necesidad de impulsar la seguridad pública, algunos de los proyectos —como el RUF— enfrentan la resistencia de algunos sectores por la preocupación de que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos.
“Lo que está sucediendo en Chile es que la opinión pública y la oposición presionan para que se apruebe una serie de leyes de manera urgente, pero el problema es que en estas situaciones de apuro se pueden cometer grandes errores”, evaluó Jorge Araya Moyra, experto en Seguridad Pública e investigador de la Universidad de Santiago de Chile.
EL CALDO DE CULTIVO PARA LA CRIMINALIDAD
Considerado uno de los países más seguros y estables de América Latina, Chile ha visto en el último lustro un aumento exponencial de la delincuencia y los crímenes violentos influenciado por el incremento del tráfico de drogas y armas, una masiva ola de inmigrantes indocumentados, sobre todo de países como Colombia, Venezuela y Haití, y la entrada del crimen organizado.
Esos factores produjeron una reconfiguración social que introdujo al país “en una nueva dinámica, muy compleja, muy difícil de abordar y que Chile no estaba preparado”, afirmó Araya.
“Las bandas entraron en el extremo norte de Chile, se desarrollaron allí y rápidamente han ido expandiéndose a otras partes en el centro y sur. Y esto es un fenómeno sumamente nuevo, de un tipo de criminal con muchas armas, con asesinatos muy crueles y un modo que no conocíamos en Chile”, señaló.
En medio de la entrada de esos grupos, entre los cuales destaca Los Gallegos —un brazo del venezolano Tren de Aragua que actúa en el norte del país— las cifras oficiales oficiales muestran que los homicidios en Chile subieron un 40% en los últimos seis años.
IMPACTO POLÍTICO Y SOCIAL
La crisis de inseguridad ha tenido impacto más allá de la arena política y podría reavivar el malestar social que marcó el estallido social de 2019 y 2020, un movimiento organizado por los estudiantes que llevó a decenas de miles de personas a ocupar las calles de Santiago y otras partes de Chile contra el alza en la tarifa del transporte público, que culminó en una ola de violentos disturbios en todo el país.
El más inmediato de ellos ha sido la permanencia en el cargo del director general de Carabineros, Ricardo Yañez, acusado de abuso de fuerza durante el estallido social.
Yañez tenía previsto renunciar el viernes y tenía una audiencia de formalización de cargos en la justicia el próximo martes. No obstante, luego del ataque del fin de semana el gobierno anunció su permanencia en el puesto mientras que la audiencia judicial ha sido aplazada hasta octubre.
A pesar de que su continuidad en el cargo fue recibida de forma positiva por gran parte de los sectores políticos y ciudadanos, se han registrado protestas reclamando su renuncia.
Otra consecuencia inmediata del atentado fue el alza en el nivel de aprobación de los carabineros, que se disparó hasta un 84% y supone un máximo histórico para una institución que ha visto su popularidad caer en picada en 2019 y 2020 por su actuación durante las manifestaciones estudiantiles, de acuerdo con una encuesta de la firma Cadem.